Chile pondrá al día su ordenanza de Protección de la Vida Privada, de agosto de 1999, con el objetivo de adecuarla a los tiempos actuales. Considerando los cambios traídos por la incorporación de las nuevas tecnologías y soportes existentes, la nueva ley perseguirá regular la protección de datos personales: su uso deberá hacerse con expresa autorización del titular, evitando la intromisión de terceros.
El proyecto de ley también incluye la creación de una Agencia de Protección de Datos Personales, con características similares a las existentes en la Unión Europea -ente descentralizado, personalidad jurídica y patrimonio propio-. Se relacionará con el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda. Su director será elegido por Alta Dirección Pública. La agencia tendrá atribuciones fiscalizadoras, 21 funcionarios al inicio y 30 en régimen. Dispondrá de un presupuesto anual de alrededor del millón y medio de dólares, destinado principalmente a remuneraciones y sostenes tecnológicos adecuados a su tarea.
La Agencia, en el ejercicio de sus facultades, estará autorizada para cursar multas cuyos montantes irán desde una unidad tributaria mensual (UTM) -65 dólares- hasta las 5.000 UTM (325.000 dólares). Como vulneraciones de mayor gravedad se citan el manejo de antecedentes sensibles, de modo masivo, en grandes magnitudes. Aunque también está previsto en situaciones extraordinarias cerrar o suspender las actividades en situaciones de abusos comprobados y reiterados.
Esta regulación propuesta a discusión en el Poder Legislativo apunta a las personas naturales como sujetos dueños de sus identificaciones, las empresas solo podrán utilizarlos y comercializarlos con el consentimiento manifiesto del cliente. Tratándose de «reseñas sensibles», léase entre otros vinculados a la salud, género, raza, orientación sexual, política o religiosa de una persona, su mal empleo podría dar lugar a actitudes segregacionistas, los permisos deberán otorgarse por escrito.
Cuatro protecciones específicas
De forma similar a la normativa europea, se establecen los llamados derechos ARCO, un conjunto de acciones a través de las cuales una persona física puede ejercer el control sobre sus referencias particulares. Son cuatro: acceso, rectificación, cancelación y oposición. Serán propios, intransferibles, irrenunciables y no podrán ser restringidos o limitados.
Brevemente digamos las implicaciones de estas prerrogativas: el acceso reconoce al ciudadano conocer y obtener gratuitamente información sobre sus menciones de carácter privado sometidos a tratamiento; la rectificación permite corregir errores, modificar los testimonios inexactos o incompletos y garantizar la certeza de la referencia objeto de disfrute. La cancelación tolera la supresión de magnitudes inadecuadas o excesivas. De aquí, surge el conocido «derecho al olvido», esto es, impedir la difusión de contenidos privativos cuando su publicación no cumple los requisitos de adecuación y pertinencia previstos. Finalmente, la oposición admite al afectado a evitar se lleve a cabo la utilización de anales de naturaleza íntima o se cese en el mismo.
Los inmediata y legalmente responsables de velar por la observancia de los derechos, obligaciones, principios y deberes emanados de estos preceptos serán los tenidos como administradores directos de las fichas particulares. Dicha situación les alcanza incluso si este las entrega a un tercero sin las debidas precauciones, es decir, sin contar con las autorizaciones de los usuarios para dárselos a otras compañías.
Asimismo, los particulares podrán solicitar directamente ser sacados de los listados de cualquier organización o ante llamados de algún centro de contacto inquirir como obtuvieron sus señas identitarias y si esto se hizo conforme a procedimientos establecidos. Igualmente, la aplicación de estas normas alcanza de manera idéntica al Ministerio Público.
Uno de los beneficios más esperado está relacionado con el interés de entidades chilenas en seguir reforzando las exportaciones de servicios globales en sus diferentes modalidades ?5000 millones de dólares se espera alcanzar en 2020-, especialmente las de alto valor. Un gran número son intensivos en trabajos con ficheros, para esto es indispensable modernizar la legislación vigente en asuntos de «procesamiento de datos» en consonancia con lo establecido en el Convenio de Adhesión de Chile a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), rubricado en 2010, que apela a la «protección de la privacidad y flujo transfronterizo de datos personales». Al hacerlo, la oferta chilena con relación a su administración será considerada segura, facilitando el acceso a nichos más elevado en el sector de servicios exportables de la mano de grandes corporaciones internacionales.
Por último, en junio de 2017, Chile será sede del XV Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos; el acuerdo se tomó el pasado año en Uruguay. Estará organizado por el Consejo Para la Transparencia en coordinación con la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales. Asistirán los principales representantes de toda Iberoamérica, será un buen momento en donde Chile haga valer su condición de «país seguro».